El gobernador Alejandro Armenta aseguró que quienes hoy critican las acciones del Gobierno del Estado actuaron con permisividad en el pasado y toleraron prácticas de corrupción que afectaron gravemente a Puebla.
Señaló que su administración enfrenta los excesos heredados de gobiernos neoliberales, los cuales aprovecharon el desorden institucional y un modelo privatizador para beneficiar intereses particulares. “Poner orden no significa atropellar derechos”, subrayó el mandatario, al reiterar que su gobierno actúa con apego a la ley.
El titular del Ejecutivo estatal recordó que en administraciones anteriores se permitió el crecimiento de delitos como el robo de combustible y se comprometieron recursos públicos a largo plazo, como la deuda por 4 mil 300 millones de pesos derivada de la construcción del CIS Angelópolis, la cual se extiende hasta 2037.
Indicó que ese endeudamiento limita la inversión en rubros prioritarios como seguridad, educación y obra pública, por lo que se analiza la posibilidad de finiquitarlo mediante acuerdos con empresarios o, de ser necesario, mediante instancias legales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Armenta concluyó que el Gobierno de Puebla tiene la obligación de restablecer el orden, combatir la inseguridad y desarticular redes de corrupción que se mantuvieron durante años con la complicidad de distintos actores.
