El saneamiento del río Atoyac tendrá una nueva etapa de vigilancia y aplicación de la ley, con inspecciones a industrias, posibles sanciones y acciones para obligar a los responsables a reparar los daños ambientales.
Durante una mesa de trabajo con autoridades federales y los 22 municipios de la cuenca, encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, se estableció la necesidad de fortalecer la coordinación institucional para cumplir con la meta de recuperar el afluente en 2030.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) informó que ha realizado 79 inspecciones y efectuado 13 clausuras industriales, mientras mantiene como objetivo superar las 80 visitas de inspección durante el año.
Gabriela Ortiz Merino, subprocuradora de Inspección y Vigilancia Industrial, llamó a los ayuntamientos a revisar las condiciones de las industrias conectadas a sus redes de drenaje, ya que las descargas de aguas residuales fuera de norma pueden generar responsabilidades para las autoridades municipales.
La funcionaria destacó que las medidas contra quienes contaminen no contemplan únicamente multas. También se buscará que las empresas responsables cubran la reparación del daño ambiental y adopten acciones para evitar nuevas descargas irregulares.
Como parte de la prevención, Alberto Rojas, subprocurador de Prevención Ambiental, explicó que en Puebla se ha capacitado a más de 73 empresas de alta incidencia contaminante. Durante este año, el acompañamiento se enfoca en 33 compañías de los sectores manufacturero, metalúrgico, químico, automotriz y textil.
Además, el Centro Regional de Prevención y Calidad Ambiental, habilitado en el Tecnológico de Puebla, permitirá fortalecer la capacitación de empresas y municipios, así como el uso de herramientas de monitoreo y autodiagnóstico. La participación en estos programas no exime a las compañías de las inspecciones ni de las sanciones aplicables.
En paralelo, el Gobierno de Puebla proyecta invertir más de 265 millones de pesos en 2027 para reutilizar agua tratada y beneficiar mil 450 hectáreas agrícolas, florícolas y forestales. El plan contempla el aprovechamiento del recurso proveniente de las plantas de San Martín, Las Flores, Moyotzingo y Los Pinos.
El gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que los tres órdenes de gobierno deberán cumplir con sus obligaciones ambientales y advirtió que no habrá tolerancia ante las descargas contaminantes.
Con estas medidas, las autoridades buscan reducir la contaminación, proteger los mantos freáticos y garantizar mejores condiciones ambientales y de salud para la población de la cuenca del Atoyac.
