¿Quiénes son los cuatro funcionarios señalados por las muertes de cinco pacientes en Puebla?
Puebla, Pue. — Cinco pacientes fallecidos, proveedores que aseguran tener pagos pendientes desde 2025 y cuestionamientos sobre la disponibilidad de servicios médicos colocan nuevamente al IMSS-Bienestar en Puebla bajo la lupa.
En medio de los señalamientos aparecen cuatro funcionarios relacionados con áreas estratégicas de administración, finanzas, abasto y manejo de recursos públicos: Christian Leslie García Romero, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de IMSS-Bienestar; Gladys Carmen Galaviz Sosa, titular de la Coordinación de Finanzas; Edgar César Sepúlveda Villanueva, coordinador de Planeación y Control del Abasto; y Bertha Gómez Castro, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Hasta el momento, los señalamientos no significan que estos funcionarios hayan sido declarados responsables de algún delito, pero sus áreas de responsabilidad forman parte del cuestionamiento sobre el flujo de recursos y el suministro de servicios médicos.
¿Los adeudos terminaron afectando la atención médica?
Proveedores han denunciado que existen servicios prestados desde 2025 que continuarían sin ser liquidados. Entre los casos mencionados se encuentra el suministro o disponibilidad de craneótomos, equipos utilizados en determinados procedimientos neuroquirúrgicos.
El tema adquiere mayor relevancia debido a los señalamientos relacionados con cinco pacientes fallecidos en el Hospital General del Sur y el Hospital General de Tehuacán, quienes presuntamente requerían atención especializada.
La relación entre los adeudos, la disponibilidad de equipo médico y los fallecimientos tendría que ser determinada por las autoridades competentes mediante una investigación formal y evidencia médica y administrativa.
¿Dónde está el dinero?
El principal cuestionamiento gira alrededor de los recursos destinados a la prestación de servicios de salud.
Mientras algunos proveedores aseguran esperar pagos correspondientes a servicios realizados desde 2025, también existen señalamientos sobre empresas o proveedores que sí habrían recibido recursos.
De confirmarse estas diferencias, surgiría una pregunta central: ¿se trata de una falta general de recursos o de una distribución desigual de los pagos?
Porque detrás de cada factura pendiente no solamente existen cifras. En el sector salud, un retraso administrativo puede repercutir en la continuidad de un servicio, el mantenimiento de equipos o la disponibilidad de insumos.
Y cuando se trata de pacientes que requieren atención especializada, los tiempos administrativos pueden adquirir una dimensión mucho más delicada.
La pregunta que permanece
¿Dónde se detuvieron los recursos destinados a estos servicios? ¿Por qué algunos proveedores aseguran continuar esperando pagos? ¿Hubo fallas administrativas que afectaron el suministro de equipo médico? Y, sobre todo, ¿existe una relación comprobable entre estas irregularidades y los cinco fallecimientos señalados?
Son preguntas que deberán responder las autoridades mediante una investigación documentada y transparente.
Por ahora, los nombres de cuatro funcionarios se encuentran bajo cuestionamiento, mientras permanece abierta una interrogante mayor:
¿Quién va a responder por lo ocurrido?
